El exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, alias "El Patrón", y quien fue extraditado a Estados Unidos en 2008 por tráfico de cocaína, tras ser deportado, deberá responder en Colombia por delitos relacionados con masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos, secuestros, amenazas y acceso carnal violento contra personas protegidas.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) definirá el sitio de reclusión de Giraldo Serna, a quien se le ofrecerán las "medidas de seguridad necesarias para que comparezca ante la justicia colombiana y responda por los delitos cometidos cuando militaba en las autodefensas".

Temido jefe paramilitar

Giraldo Serna fue el jefe del bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que entre los años 90 y primeros de este siglo sembró el terror en la Costa Atlántica colombiana.

Un juez de Estados Unidos condenó en 2017 a Giraldo Serna a 16 años y medio de cárcel y dijo entonces que a la hora de dictar la sentencia tuvo en cuenta el testimonio que prestaron ante el tribunal la viuda y las hijas del activista Julio Henríquez, antiguo miembro de la guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19).

Henríquez desapareció en febrero de 2001 después de tratar de sustituir los cultivos de coca por cacao en una zona del Parque Nacional Tayrona, dominada por Giraldo.

Giraldo Serna fue el último de los 14 exjefes paramilitares de las AUC que fue sentenciado en EE.UU. después de haber sido extraditado en mayo de 2008 por orden del entonces Presidente colombiano, Álvaro Uribe (2002-2010).

En el juicio en Estados Unidos, Giraldo se declaró culpable del delito de narcotráfico y admitió haber supervisado el cultivo, la manufactura y la distribución de 1.500 kilos de cocaína.

En la condena, el juez determinó que debía descontarse de la pena de 16 años y medio de cárcel el tiempo que Giraldo Serna había pasado encarcelado en Colombia y en EE.UU., por lo cual fue autorizada su deportación a Colombia a comienzos de este año.

Las paramilitares AUC se desmovilizaron en 2006 tras un proceso de negociación con el Gobierno del Presidente Uribe.

Como parte del acuerdo, los que dejaron las armas se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba penas de máximo ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer crímenes. 

EFE